El indicador del tipo de interés de las hipotecas se dispara en España tras la imposición de los gastos hipotecarios por decreto del gobierno a la banca.


La sentencia plenaria del Tribunal Supremo (STS 1671/2018) cambió la doctrina establecida por la sala 3ª del TS en tres sentencias anteriores de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, donde la empresa municipal de Rivas era la recurrente; y en la que se establecía que el sujeto pasivo que debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestamista, es decir, el acreedor hipotecario ("la banca").

En aquella sentencia, se declaró la nulidad del artículo 68 del reglamento del propio impuesto y el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante LITPAJD). Si bien es cierto que ambos textos normativos planteaban problemas interpretativos, debido a su "deficiente técnica legislativa" (según recogió la propia sentencia plenaria); el texto no se había alterado, ni siquiera debido a la importancia y transcendencia del asunto, ya que en España es una operación muy común, pues hay más de ocho millones de préstamos hipotecarios vigentes en la actualidad. 

Por tanto, las tres sentencias del Tribunal Supremo del octubre pasado constituyen un desafortunado, aunque justificado intento de justicia material, pues castigaban a la banca al pago del impuesto, sembrando por ello la inseguridad jurídica; no se sabía si iban a tener que devolver las entidades el dinero de forma retroactiva o que alcance iban a tener. 

Tras importantes caídas en la cotización de las acciones de los principales bancos españoles tras hacerse públicas las sentencias (especialmente la del día 16 de octubre de 2018) y viendo el terremoto generado, Luis María Díez Picazo, presidente de la sala tercera del TS de lo contencioso administrativo convocó al pleno para resolver la cuestión el 5 de noviembre de 2018.

Tras dicho pleno, la STS 1671/2018 no viene a resolver nada; la sentencia en sí es sensata, puesto que los magistrados tuvieron altura de miras, aunque hubo discrepancias en la votación, ya que hubo 15 votos a favor y 13 en contra. Hay que entender que aunque el impuesto se imponga a la banca el consumidor de productos bancarios siempre va a salir perdiendo, ya que las entidades siempre acaban repercutiendo en sus clientes vía comisiones (por ejemplo aumentando la comisión de apertura o de forma oculta en los intereses, que es lo que está sucediendo en estos momentos). 

Los votos particulares discrepantes con la sentencia estaban a favor de mantener la doctrina de las sentencias de octubre, que era lo lógico. No obstante el TS no puede tener una responsabilidad que no le corresponde, puesto que los problemas generados por el legislador solo le corresponden a este y no a la justicia. 

Hay que destacar la altura de miras del pleno en el fallo, puesto que fallar a favor de la banca, es hacerlo en definitiva a favor del consumidor y de la economía española con la búsqueda de la forma menos lesiva, es decir, buscando el mínimo impacto en los balances de los bancos. 

Por otro lado, hay que señalar que la STS 1671/2018 a pesar de su importancia, no tendrá mayor transcendencia, ya que su vigencia ha sido más corta que el mandato de aquel papa que murió envenenado, puesto que el gobierno del PSOE decidió mediante el Real Decreto Ley 17/2018 imponer el impuesto a la "banca" (a la cual el PSOE ha demonizado en repetidas ocasiones), además de impedir que se puedan deducir el impuesto, ya que el RDL 17/2018 también modificó la Ley del Impuesto de Sociedades para impedirlo.

Una cuestión que ha pasado inadvertida es que las sentencias de octubre se referían a viviendas de protección oficial del Ayuntamiento de Rivas (Madrid); hacer pagar al prestatario (el deudor) en este caso es inhumano, incluso inconstitucional, pues dificulta el acceso a la vivienda de los que menos recursos tienen, por ello las sentencias eran acertadas para el caso concreto. No obstante la sentencia plenaria a su vez es acertada, puesto que pensó en el interés general, la confianza legítima de nuestros tribunales y lo que es aún más importante, la seguridad jurídica.

No es sino el fallo del legislador como creador del problema lo más grave, sino que además, el gobierno perdió una oportunidad de oro para hacer justicia material y suprimir un impuesto injusto que afecta a los consumidores. 

En definitiva, pese a la apariencia que podía dar lugar a pensar que el gobierno estaba haciendo una medida social en favor de los consumidores, nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, puesto que a los pocos meses del decretazo del gobierno, el indicador de las hipotecas del Banco Central Europeo se ha disparado al alza acercándose a los máximos del año 2015, un alza que solo se está produciendo en España y no en el resto de la eurozona, claramente es a consecuencia de la reforma apresurada que hizo el gobierno para hacer marketing político, para ganar votos, el engaño les fue bien, no obstante la dura realidad es caprichosa y lo pagarán los de siempre, los consumidores. 

Mi pregunta es: ¿por qué el legislador no suprime el impuesto? mucho se habla del problema del  precio de los alquileres en las grandes ciudades, de la vivienda, sin embargo la idea de suprimir impuestos no gusta en España, en ocasiones hay que ver que en ellos está parte del origen del problema, pero ni socialistas ni socialdemócratas están por la labor de reducir un estado elefantiásico.  


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