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El indicador del tipo de interés de las hipotecas se dispara en España tras la imposición de los gastos hipotecarios por decreto del gobierno a la banca.

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La sentencia plenaria del Tribunal Supremo (STS 1671/2018) cambió la doctrina establecida por la sala 3ª del TS en tres sentencias anteriores de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, donde la empresa municipal de Rivas era la recurrente; y en la que se establecía que el sujeto pasivo que debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestamista, es decir, el acreedor hipotecario ("la banca").
En aquella sentencia, se declaró la nulidad del artículo 68 del reglamento del propio impuesto y el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante LITPAJD). Si bien es cierto que ambos textos normativos planteaban problemas interpretativos, debido a su "deficiente técnica legislativa" (según recogió la propia sentencia plenaria); el texto no se había alterado, ni siquiera debido a la importancia y transcendencia del asunto, ya que en España es una operación muy común, pues hay más de ocho millones de prés…